La represión a los indígenas por parte de la Policía, en el décimo día de paro nacional que repercute en vuelos internacionales y locales cancelados, cortes de rutas y calles, el centro de Quito copado por manifestantes y sitiado por fuerzas de seguridad y pozos petroleros paralizados, sumó un muerto, una advertencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) sobre el «serio riesgo» que corre la democracia y 18 policías desaparecidos desde el inicio de la protesta.
Un indígena amazónico falleció en una «confrontación» con la fuerza pública, informó a la agencia de noticias AFP una dirigente de un grupo de organizaciones de derechos humanos.
«Se presentó una confrontación y a esta persona le dispararon en el rostro, al parecer una bomba de gas lacrimógeno», denunció la abogada Lina María Espinosa, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Aunque las chances de diálogo entre el Gobierno de Guillermo Lasso y manifestantes parecían congeladas y, más aún, las posturas de las dos partes radicalizadas, un llamado de una Comisión Convocante -que reúne a unas 300 organizaciones de la sociedad civil- podría destrabar la posibilidad de negociaciones.
Por lo pronto, en el décimo día de manifestaciones y bloqueos se produjeron nuevos enfrentamientos entre indígenas, estudiantes y trabajadores con la Policía.
Además el ministro de Defensa, Luis Lara, sostuvo que la democracia está en «serio riesgo» y el aviso que las Fuerzas Armadas «no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes».
Todo se dio apenas horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis de las 24 provincias -antes eran tres- con miras a sacar de las calles al movimiento aborigen, que desde hace nueve días mantiene paralizadas varias zonas del país.
«Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes», enfatizó Lara, escoltado por la plana mayor de las FFAA.
El nuevo decreto de Lasso, que también tendrá una duración de 30 días, afecta a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha -donde está Quito-, Pastaza e Imbabura, donde «se concentra la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas», según el comunicado de la Presidencia.
Lasso se anticipó a una sesión de la Asamblea Nacional que planeaba discutir una moción para derogar la anterior medida, a la que algunos grupos se oponían.
Sin embargo, al derogar la medida y ordenar una nueva muy similar, la asamblea no se pudo sentar a debatir y Lasso obtuvo tiempo para mantener la medida restrictiva.
Según el diario ecuatoriano El Comercio, la bancada del movimiento indígena Pachakutik (72) -brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)- junto al grupo que responde al ex presidente Rafael Correa (6) y otros disidentes de la Izquierda Democrática juntaban 80 votos para eliminar el estado de excepción, 10 más que la mayoría absoluta.
«No vamos a levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir», aseveró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
El funcionario se refirió así al paro convocado hace tres años por la Conaie, en el que 10 manifestantes murieron, más de 1.500 resultaron heridos y 1.330 fueron detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, condicionó el diálogo con el Gobierno a la derogación del estado de excepción y la «desmilitarización» de un parque de Quito donde tradicionalmente se concentran los indígenas cuando protestan en la capital, y que está actualmente bajo control de uniformados.
La Conaie, que movilizó al menos a 10.000 indígenas a Quito, cientos de los cuales chocaron violentamente con la policía en los últimos días, pide principalmente la reducción de los precios de los combustibles.
Un total de 18 agentes se hallan «desaparecidos» tras un ataque de indígenas contra instalaciones policiales ocurrido en Puyo, en la Amazonia ecuatoriana, denunció hoy el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
El ataque también dejó un manifestante fallecido, como informó el gobierno, elevando a dos el número de víctimas en las protestas que llevan ya 10 días.
Otros seis policías resultaron «heridos con traumas severos y con perdigones» y tres más fueron retenidos por indígenas. «Hay 18 policías desaparecidos», insistió el ministro citado por la agencia de noticias AFP.
«La violencia se les fue de las manos. Ellos mismos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción», sostuvo el ministro de Gobierno en un video publicado en Twitter.
«Lamentablemente se han perdido vidas humanas en situaciones accidentales, según la información que tenemos, y no podemos seguir esperando», agregó.
De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, murió otro manifestante indígena al registrarse una «confrontación» con la fuerza pública en la localidad amazónica del Puyo, en el sureste del país.
La Policía presume que la persona «falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo»,
Otro manifestante falleció el lunes tras caer en una quebrada fuera de Quito donde había manifestaciones, informó la Policía, e indicó que se trató de un accidente. La fiscalía decidió no obstante abrir una investigación por presunto homicidio.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó dos muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas.
La Policía, por su parte, informó de 101 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y 80 civiles arrestados.
Seis provincias ecuatorianas se hallan bajo estado de excepción, en virtud del cual el Ejecutivo movilizó militares e implantó un toque de queda nocturno de siete horas.
Iza consideró que la respuesta del Gobierno a las protestas «solo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escaladas de conflicto que ya cuentan con dos víctimas».
Quito, copada por manifestantes
Miles de manifestantes indígenas de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, entre otras, llegaron a Quito como parte de las acciones del paro nacional que demanda el cumplimiento de diez puntos de un manifiesto que impulsa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Hoy, miles de indígenas bloquearon una importante vía de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos.
Ya de madrugada se dio un enfrentamiento con la fuerza pública en el sector de El Trébol y el centro de Quito, cuando los manifestantes buscaban llegar hasta la Universidad Salesiana y dormir ahí para continuar con las acciones.
Al salir de la Universidad con la idea de llegar a Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad, volvieron los choques.
Para frenar ese avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.
La Casa de la Cultura fue tradicionalmente el lugar que acoge a indígenas que protestan contra los gobiernos de turno.
El sitio Primicias mostró imágenes de la Policía en las que advertía que «no se pueden mezclar los pacíficos con los violentos» y avisaba que haría un «uso progresivo de la fuerza». Documentó además el centro histórico de la capital está casi desierto y muy custodiado.
En tanto, la Fiscalía General informó que su sede central de esa institución, en el centro-norte de la capital, fue atacada por manifestantes, según reportó la agencia de noticias Sputnik.
Un soplo de esperanza trajo el intento de parte de la Comisión Convocante para sentar al Ejecutivo y a la Conaie en un espacio de solución de conflictos, a partir de una propuesta en tres etapas: conversaciones bilaterales con las partes para acordar las reglas de juego, definición de temas del diálogo y creación de mesas de trabajo.
«Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país», señaló Lasso al aceptar el llamado a conversar, que tiene el apoyo y soporte técnico de la Unión Europea UE) y de la delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador.
El Gobierno contra la Conaie
Aún así, la administración de Lasso insiste en que la Conaie no tiene intención de buscar soluciones y la acusa de provocar un alza de los precios por el cierre de rutas y de poner en riesgo a los enfermos por prohibir el paso de ambulancias.
También le reprocha a la organización por no haber aceptado el paquete de medidas anunciado el 17 de junio, que incluía la declaración de emergencia en el Sistema de Salud Pública del país, el aumento a 55 dólares del bono al desarrollo humano, o un subsidio de hasta el 50 % del precio de la urea (fertilizante) para pequeños y medianos productores.
Ecuador pierde unos 50 millones de dólares por día a raíz de las protestas, sin tomar en cuenta el sector del petróleo, el principal producto de exportación, según cifras oficiales.
La estatal Petroecuador registra una pérdida acumulada de casi 64.300 barriles de la producción total debido a que más de 230 pozos están «apagados» por las manifestaciones en la Amazonía y su gerente, Ítalo Cedeño, ubicó en un 21% la baja de la producción.
En paralelo, el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de la capital ecuatoriana, reportó un listado de 17 vuelos entre nacionales e internacionales afectados entre el 16 y el 21 de junio por las manifestaciones y recomendó buscar vías alternativas para llegar a Quito.
En 2019, varios grupos sociales liderados por la Conaie mantuvieron 12 días de protesta contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, medida que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con el conflicto.
Esas jornadas de protesta dejaron 10 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas, mientras que se registraron una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.
La Conaie reclama rebajar el precio de los combustibles, un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.
